500 millones y decenas de prejuicios. Por Pablo Aguayo Westwood y Daniela Alegría Fuentes
(Fuente: Le Monde Diplomatique)
Cada cierto tiempo surge desde sectores conservadores una nueva alarma por el supuesto despilfarro de recursos públicos en cultura, investigación o proyectos académicos. Se menciona una cifra llamativa, se exagera su impacto, se ridiculiza el nombre de una investigación o de una actividad cultural y se instala la impresión de que el Estado estaría financiando caprichos absurdos mientras existen necesidades más urgentes. A primera vista, podría parecer una preocupación razonable por el buen uso del dinero público, pero si se observa con más atención aparece un patrón bastante claro. No estamos frente a una discusión seria sobre eficiencia fiscal, sino ante una forma de sospecha selectiva que recae una y otra vez sobre ciertos temas específicos, especialmente aquellos relacionados con la sexualidad, la diversidad o las transformaciones sociales.
Si el problema fuera realmente el uso responsable de recursos, la crítica sería constante respecto del conjunto del gasto estatal. Sin embargo, lo que suele ocurrir es otra cosa. La indignación se concentra con fuerza en proyectos que cuestionan visiones tradicionales del mundo o que visibilizan experiencias que ciertos sectores consideran incómodas. Así, el conflicto deja de ser simplemente económico y comienza a revelar una cuestión más profunda, vinculada a la manera en que algunos grupos entienden la sociedad, la moral y aquello que consideran aceptable dentro del espacio público.
En muchos casos, esta forma de reaccionar no nace solo de una diferencia política, sino también de trayectorias sociales bastante estrechas. Buena parte de las élites conservadoras chilenas han vivido y se han educado en espacios marcados por una fuerte segregación. Colegios similares, barrios socialmente homogéneos donde no llega la micro, círculos de convivencia reducidos y experiencias limitadas con formas de vida distintas producen muchas veces una mirada restringida sobre la sociedad. Cuando una persona crece en contextos donde la diversidad social, cultural o moral apenas aparece, resulta más fácil que perciba como amenaza aquello que simplemente desconoce. La diferencia no se vive como parte normal de una comunidad democrática, sino como algo extraño que genera distancia o temor.
Desde ahí se configura una forma de comprender la política que suele ser poco abierta a la pluralidad. Aquello que se sale de ciertos marcos tradicionales se percibe con facilidad como exceso, desorden o decadencia. Esto ayuda a explicar por qué tantas veces las discusiones sobre fondos públicos terminan girando no en torno a la calidad real de una investigación o de un proyecto cultural, sino en torno a su capacidad de incomodar sensibilidades conservadoras. El problema no parece ser solo cuánto cuesta, sino qué ideas, qué formas de vida o qué preguntas se están permitiendo.
Nada de esto significa que los recursos públicos no deban ser discutidos. Toda democracia necesita transparencia y debate serio sobre sus prioridades. Pero una cosa muy distinta es usar ese debate como excusa para desacreditar áreas completas del conocimiento o de la cultura simplemente porque resultan incómodas para ciertos sectores. Cuando se juzga una investigación solo por su título, cuando se ridiculiza una expresión cultural por abordar formas distintas de vivir la sexualidad, o cuando se presenta como absurdo cualquier pensamiento que cuestione estructuras tradicionales, lo que se empobrece no es solo la discusión presupuestaria. Se empobrece la vida democrática misma.
Por eso el debate sobre estos llamados 500 millones dice mucho más de lo que parece. No habla solo de presupuesto. Habla de qué sectores se considera legítimo financiar, qué formas de vida se aceptan como parte de la sociedad y qué diferencias se está dispuesto a tolerar. En el fondo, revela una pregunta más amplia sobre democracia. Si una sociedad solo considera valioso aquello que confirma las convicciones de sus grupos más cerrados, entonces la pluralidad deja de ser una riqueza y pasa a convertirse en sospecha.
Lo que esta actitud de intolerancia frente a lo distinto pone en evidencia no es simplemente una preocupación por el gasto público, sino algo más profundo, los 500 millones de prejuicios que muchas veces subyacen a estos intentos de recorte, censura o deslegitimación. Prejuicios hacia formas de conocimiento que incomodan, hacia expresiones culturales que desafían ciertas concepciones morales de la vida buena o correcta, hacia investigaciones que cuestionan estructuras tradicionales y hacia modos de vida que no encajan en visiones estrechas del orden social. Manfred Svensson, por ejemplo, en su carta al director publicada este domingo en El Mercurio, sostiene que “quien escarba un poco en las materias de investigación que se han financiado fácilmente encontrará ejemplos indignos de recibir apoyo estatal”. Llama “indignos” a proyectos que no nombra, según un criterio que no explicita, en nombre de un consenso que da por supuesto. ¿Indignos según quién? Da la impresión de que Svensson asume la existencia de un acuerdo evidente sobre qué investigaciones merecen respeto y cuáles no. Pero muchas veces lo que se presenta como un recorte por responsabilidad es apenas una reacción frente a aquello que no se comprende o no se desea legitimar. Los prejuicios no pueden transformarse en criterio político, no pueden definir qué merece apoyo, qué merece sospecha y qué merece ser excluido.
Pablo Aguayo Westwood, Universidad de Chile
Daniela Alegría Fuentes, Universidad Alberto Hurtado